El gobierno de Taiwán donó al gobierno de El Salvador 4 millones 864 mil 888 dólares para financiar un proyecto que se llama “Comunicación logros presidenciales”. El convenio de cooperación es ejecutado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos desde el 4 de junio del año pasado y ha posibilitado, entre otras cosas, el financiamiento de la campaña de publicidad “Presidencia Funes / Buenos Cambios”, que inició cuando se aproximaba el cuarto aniversario de la administración, y ha entrado en su noveno mes consecutivo

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El exalcalde de San Miguel, Will Salgado, es de quienes opinan que la captura de 4 militares reclamados por España, por su vinculación en la muerte de 6 sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, no procede, puesto que el caso ya fue juzgado en el país y lo único que hace es dividir a la sociedad.

“Si vamos a romper la amnistía que se rompa para los dos lados, porque los dos lados asesinaron personas”.

Es más consideró que la captura de los militares solamente es una cortina de humo.

“Este tema es un distractor para opacar el leñazo más principal que viene, que es el tema de las pensiones”.

El ex funcionario municipal acusó al gobierno de mal administrador.

“El estado no está para andar regalando computadoras o el montón de dinero que se da para útiles, eso es magnifico pero cuando hay dinero, cuando los recursos alcanzan, ¿cómo sin dinero voy a gastar en lujos o regalías?, significa que cada mes voy a tener que ir a prestar para darme esos lujos, eso me indigna”.

Dijo tener intenciones de buscar una vez más la alcaldía de San Miguel, de momento arropado con la bandera del partido GANA. Pero si la Sala Constitucional aprueba la participación de candidatos independientes en elecciones municipales podría inscribirse como tal.

El informe judicializado de los peritos o investigadores tecnológicos determina que el grupo de troles que ha sido ligado al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, fabricó planes para atacar a medios de comunicación y políticos en la web, generar confusión en la población al través de cuentas falsas en las redes sociales y atraer principalmente a los jóvenes.

Así lo expone parte de la abundante información que fue extraída de una de la computadoras incautadas el pasado noviembre por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC) a la empresa Bunker, ligada a Blue Group, que fue contratada por la alcaldía de San Salvador.

Jorge J. Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, lamentó la reacción del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en torno a la posición de ese gremio ante la reforma de pensiones impulsada por el gobierno.

"Es lamentable que el señor presidente de la República haya reaccionado nuevamente con insultos a una campaña insitucional que solo pretende cuidar el ahorro de más de un millón de trabajadores que está en grave riesgo ante la reforma de pensiones que pretende el gobierno", sostuvo Daboub mediante un comunicado.

En la mañana Sanchéz Cerén llamó "escopetero" y "terrorista mediático" al presidente de la ANEP, por increparle al gobierno, a través de una campaña, que pretende apropiarse del dinero de las pensiones de los salvadoreños.

Estas declaraciones las emitió durante su programa gubernamental de los sábados, y que hoy se realizó en San Miguel.

"Tiene que ver con un señor que sale permanentemente en la televisión como si fuera un escopetero... ¿Saben lo que son los escopeteros? que tiran, tiran, tiran, tiran. Y ya no le bastó eso sino que ahora se ha vuelto un terrorista mediático porque a través de la información al pueblo ha jugado con el miedo de la gente y de los pensionados... hoy sale este señor Jorge Daboub engañando a la gente", dijo Sánchez Cerén.

"No es aceptable que cada vez que se demanda soluciones a los problemas de la gente, o que se denuncia malas políticas públicas, la respuesta del gobierno sea agredir o insultar para no tener que afrontar la penosa realidad que vivimos. Este no es un tema personal, esto es un tema que tiene que ver con el ahorro de más de un millón de trabajadores salvadoreños, con el futuro de sus pensiones, y con la dignidad en su vejez, y eso debe respetarse", enfatiza Daboub en el escrito.

Añade "ANEP es critica de las malas políticas públicas, pero a la vez proponiendo soluciones viables a los graves problemas del país; nunca ofendemos personas, y por esa razón no puedo aceptar que el señor presidente utilice calificativos cómo "terrorista" . Yo Jamás he empuñado un arma para amenazar o matar a nadie, Jamás he secuestrado, y jamás he generado terror a nadie, lo único que estamos haciendo señor Presidente, es defender el ahorro de la gente, y eso es sagrado".

“Difamen, atáquenme por exigir que paguen impuestos (como hacemos todos los demás), por demostrar que las cosas se pueden hacer sin corrupción. Inventen mentiras ridículas sobre cosas que ni vienen al caso. Ustedes mismos caen en su propio descrédito y por su propio peso”, reza el escrito publicado en la cuenta de Bukele.

La investigación revelada por La Prensa Grafica parte de una demanda que interpuso el medio ante la clonación de su sitio web, algo que catalogaron desde un principio como un ciber-ataque. Luego de esto, la Fiscalía inició una investigación que dejó como resultado el allanamiento del local donde funcionaba la empresa Bunker, la captura de el supuesto actor material y la incautación de varias computadoras y discos duros.

“Cualquiera sea el caso, me da igual, de todos modos ya nadie los lee y los pocos que aun los leen no creen ya sus mentiras. El pueblo está harto de los mismos de siempre y entre ellos están ustedes. Poco a poco nadie comprará sus panfletos, solo falta encontrar una forma más económica para madurar los aguacates”, insistió el edil.

Aunque el juzgado que lleva el caso impuso reserva total del caso, La Prensa Gráfica tuvo acceso a los documentos que supuestamente señalan a Bukele como el autor intelectual de los ataques.

Meses atrás, cuando el edil denunció haber sido amenazado por el exfiscal general Luis Martínez, este aseguró que los señalamientos eran producto de una “angustia” del alcalde “por su grado de participación en el caso del troll center”.

Luego que el hijo del expresidente Francisco Flores, Juan Marcos Flores, dijera en un video que los fondos provenientes de China-Taiwán llegaron a las arcas del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el fiscal General de la República, Douglas Meléndez dijo que iniciarán investigaciones sobre los destinatarios.

En este sentido, existe la posibilidad de que Juan Marcos Flores sea citado por la FGR para que declare sobre este caso. Al respecto, el fiscal no descartó esta situación.

El pasado 31 de enero, el hijo del exmandatario subió a las redes sociales un video donde no solo llamó hipócritas a los del ARENA, sino que sacó al descubierto que fueron los que recibieron $10 millones de las donaciones provenientes de China-Taiwán.

Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llegó a las siguientes conclusiones después de auditar el patrimonio del expresidente de la República Mauricio Funes: que gastaba más de lo que ganaba; que adquirió vehículos sin retirar dinero de sus cuentas bancarias; que pagó deudas por $221,124, aunque tampoco sacó ese monto de sus cuentas en los bancos; que reportó ingresos de una empresa que no generó ganancias; y que uno de sus hijos adquirió vehículos por $118,600, “suma de la que se desconoce su origen”.

La sumatoria de todas las inconsistencias llevó a Probidad a la conclusión de que existen indicios de enriquecimiento ilícito del exfuncionario. Esa dependencia de la Corte concluyó que Funes no pudo justificar un total de $728,329.74, que incluyen también los ingresos de su grupo familiar. El exmandatario, que fue notificado el pasado miércoles de los resultados de la auditoría, confirmó que hoy se presentará a la Corte con las pruebas para desvanecer esos hallazgos.

Funes, según la auditoría de Probidad, no solo se puso al día con sus deudas, por un total de $221,124 durante su administración, sino que también logró ahorrar. Pero Probidad llegó a la conclusión de que el expresidente de la República “no podría tener la posibilidad de ahorrar durante su período de gestión. Sin embargo, los saldos reflejados al 31 de mayo de 2014 en sus cuentas bancarias suman en total de $150,323.31, los cuales no se justifican con los ingresos reportados al Ministerio de Hacienda”.

El exfuncionario insistió ayer en que no le llamen investigado, prefiere usar el término auditado. Tanto en su cuenta de Twitter como en su programa de radio, insistió en que aún no ha sido condenado y que tampoco enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito, como es el caso del exfuncionario de su gobierno Leonel Flores Sosa.

“Se me ha demonizado y se me está tratando como si se me está haciendo un juicio por enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema de Justicia a mí no me ha condenado, no ha ordenado ningún juicio civil, ni la Fiscalía ha abierto un expediente”, declaró durante su programa en Radio La Chévere, pero no se refirió a todos los hallazgos de Probidad.

Sí hizo alusión a los ingresos por $121,000 que declaró haber recibido de la empresa Multimedia, S. A. de C. V., la cual, según constató Probidad, no reportó ganancias que puedan justificar esos pagos.

“No es facultad del funcionario comprobar la capacidad económica de la empresa”, se defendió.

No explicó, sin embargo, de dónde salió el dinero con el que él y su hijo compraron los vehículos en el quinquenio. Por ejemplo, el informe de Probidad señala que Diego Roberto Funes Cañas, hijo del exmandatario, adquirió en 2013 un vehículo BMW año 2007 por $10,000 sin tener ninguna disponibilidad”. En todo el ejercicio de funciones de Funes, su hijo compró vehículos por $118,600, cuyo origen, dice Probidad, “no se puede determinar con las declaraciones juradas de patrimonio ni con la información proporcionada por las fuentes externas”.

Lo que llamó la atención de la Sección de Probidad no fue precisamente el monto gastado por el hijo de Funes en la compra de vehículos, sino que, según registros bancarios, Funes Cañas únicamente tuvo ingresos en 2011 por un total de $2,812.50.

Alega errores

Funes, al igual que lo han hecho los dos funcionarios que están siendo enjuiciados civilmente por enriquecimiento ilícito, justificó ayer: “Perfectamente uno puede cometer errores u omitir información (en la declaración patrimonial)”.

Otro de los datos que Funes omitió declarar es la cantidad que destina mensualmente para el pago de cuota alimenticia de cada uno de sus hijos.

Probidad también hace alusión en su informe a que, después de su período de gobierno, en febrero de 2015, compró una camioneta Land Cruiser por $60,000 sin realizar ningún retiro bancario. Funes cuestionó que Probidad haya auscultado lo que él compró cuando salió de Casa Presidencial. “Han investigado mis actividades económicas de antes, cuando yo era candidato. Se han ido hasta diciembre de 2015, cuando yo ya no soy presidente”, comentó.

El exmandatario tiene hasta el próximo lunes para presentar las pruebas de que no se enriqueció ilícitamente. Aseguró que no tiene ningún problema en presentarlas antes. Una vez Probidad reciba esa documentación, elaborará un nuevo informe que presentará al pleno de la CSJ para que los magistrados decidan si ordenan o no un juicio por enriquecimiento ilícito o archivan el expediente.

El informe que presentó Probidad a los magistrados concluye que hay indicios de que el exfuncionario obtuvo fondos ajenos al salario que devengó entre 2009 y 2014, de forma textual dice: “Se ha encontrado la cantidad de $728,329.74 que no se ha encontrado justificación por parte del señor Funes Cartagena, por lo tanto, existen suficientes indicios que presumen enriquecimiento ilícito por parte del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena”.

Funes es uno de los 30 funcionarios que están siendo investigados por la Sección de Probidad con base en la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios. Leonel Flores, uno de los que ya enfrenta juicio, fue emplazado ayer (lea secundaria). La Corte debe entregar el resultado de esta auditoría, así como la realizada a los patrimonios de los expresidentes Francisco Flores (ya fallecido) y Elías Antonio Saca”.

Pese al cabildeo que hizo ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, con los diferentes grupos parlamentarios, los diputados de la Comisión de Hacienda no lograron ponerse de acuerdo para sacar un dictamen favorable y aprobar anoche mismo el pago de un 3.45 % en tasas de interés por parte del gobierno por utilizar los ahorros de los pensionados, tal como lo propone el gobierno del FMLN.

Desde la mañana, el titular de Hacienda se hizo presente a la Asamblea Legislativa, para tratar de convencer a los diputados, lo que provocó que la reunión de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que estaba programada a las 9 de la mañana, se suspendiera y se trasladara para las 2 de la tarde.

De esa forma las fuerzas políticas representadas en la Asamblea continuaron ayer el debate sobre las reformas a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, con el fin de que el gobierno actualice la tasa de interés que le paga a los salvadoreños por utilizar el fondo de sus pensiones y con ello pagar a pensionados de ISSS e INPEP.

El ministro Cáceres insistió que el gobierno mantiene la propuesta de pagar 3.45 % a cinco años plazo, algo que para partidos como ARENA no cumple con la resolución de la Sala de lo Constitucional de diciembre de 2014 que declaró ilegal la tasa Libor.

Pero dicha propuesta se topó con el rechazo de los legisladores de ARENA, quienes proponen una tasa piso de 4 % y un techo de al menos el 6 %, como se paga en el mercado internacional.

“No es posible que los trabajadores paguen el costo de la indisciplina fiscal de este gobierno del FMLN”, protestó la legisladora tricolor Milena Calderón de Escalón.

Añadió que la propuesta de su partido del 4 % como piso y del 6 % como techo está sujeto a revisión cada seis meses por el Banco Central de Reserva (BCR).

“Lo que estamos haciendo es protegiendo los ahorros de los trabajadores”, manifestó De Escalón.

Insisten en la Ley de Responsabilidad Fiscal

La también diputada de ARENA Ana Vilma de Escobar recalcó en la “falta de voluntad del gobierno para aceptar una Ley de Responsabilidad Fiscal, a pesar de la insistencia de ARENA con ese tema y que habría evitado llegar a la crisis financiera” en que se encuentra el gobierno.

No obstante, el FMLN sí contaba con el respaldo y los votos de los diputados de GANA, que en palabras de Guillermo Gallegos estaban listos para acompañar la propuesta del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, inclusive para aprobarla ayer mismo.

El legislador naranja justificó que es preferible aprobar un interés del 3.4 % a que el gobierno siga pagando un interés más bajo a través de la adquisición de Certificados de Inversión Previsional (CIP) con los que utiliza los ahorros de los pensionados.

“Nosotros hemos llegado ya al acuerdo de que vamos a apoyar el 3.4 %, esa es la capacidad que tiene el gobierno. Hoy en día este interés anda por el 1.2 % y si no hacemos nada, pronto la gente va a seguir percibiendo ese interés; entonces vamos a apoyar esta propuesta y vamos a dejarlo en 3.4 %”, afirmó Gallegos, previo a la reunión de la comisión de Hacienda, que al final no llegó a acuerdo alguno.

Mario Ponce, diputado y jefe de fracción del PCN, insistió en que, a pesar del mandato de la Sala de lo Constitucional, no se puede aprobar una tasa que sea “una burla” a los intereses de los trabajadores. Dijo esperar que la tasa de interés se definiera en un interés entre el 4 y 6 por ciento por parte de todos los partidos.

“Ellos (los trabajadores) cotizan para tener un retiro digno y por ello lo mínimo que podemos aceptar es una propuesta del 4.2 % más un 1 % en concepto de reconocer a los salvadoreños el uso de su dinero. Ojalá nos podamos mantener en ese parámetro para construir este acuerdo, es algo urgente para cumplir con la sentencia”, dijo Ponce.

Por su parte, el diputado del FMLN Rolando Mata respaldó la propuesta realizada por el ministro Cáceres y espera que se defina un porcentaje del 3.4 % para cumplir con la resolución de la Sala. Sin embargo, lamentó que ARENA no muestre voluntad de acelerar este tema.

“Es necesario darle salida al tema, por ello se deben realizar reformas que los trabajadores necesitan para plantearles una buena solución, esta tasa incluso favorece a las finanzas públicas y supera en gran medida el Libor”, defendió el efemelenista.

Rodolfo Parker, del PDC, apoya la propuesta del sindicato de los pensionados (Contradefop) de que el techo sea de 7. 8 %, pero que debe buscarse un equilibrio entre el fallo de la Sala y la capacidad financiera del gobierno.

La discusión continuará el lunes en la Comisión de Hacienda, mientras la Sala tiene previsto el 15 de febrero resolver si la Asamblea cumplió o no con su orden en ese tema.